Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
Marco general de los contratos de obra pública por el sistema de administración delegada
1_2025_07_07_006730 · 15 de julio de 2025Contratación estataladministración delegadacontrato de obra públicadecreto ley 4170 de 2011honorarios de administraciónley 80 de 1993contratación estatalcontrato estataladministración y pagoconceptodefiniciónderecho privadoderecho públicomandatonociónrégimen mixtosentido restringidoColombia Compra EficienteConcepto
| Epígrafe | Marco general de los contratos de obra pública por el sistema de administración delegada |
|---|---|
| Resumen | El documento conceptúa el marco general de los contratos de obra pública por el sistema de administración delegada, precisando su naturaleza jurídica, alcances y diferencias con otras modalidades contractuales. Fija la posición de que la administración delegada puede entenderse como un mandato o como una modalidad de administración y pago, donde el contratista actúa por cuenta y riesgo de la entidad pública, recibiendo un porcentaje por honorarios de administración que incluye costos de personal, oficinas, vehículos y desplazamientos, además de la utilidad. Señala que, conforme al principio de autonomía de la voluntad, la distinción entre honorarios y gastos reembolsables depende de lo pactado en los documentos contractuales, sin que exista una norma imperativa que defina estos rubros. Además, advierte que no le corresponde a Colombia Compra Eficiente calificar conductas con posible incidencia disciplinaria, pues su competencia se limita a interpretar normas generales del sistema de compras públicas. El documento se fundamenta en la Ley 80 de 1993, el Código Civil, el Código de Comercio y la jurisprudencia del Consejo de Estado, destacando que los contratos estatales se rigen principalmente por el derecho privado, salvo en materias expresamente reguladas por el Estatuto de Contratación. |
| Pregunta formulada a la Agencia | Determinar el marco general de los contratos de obra pública por el sistema de administración delegada |
| Fragmentos citables | La “administración delegada” se ha entendido, por lo menos, de dos maneras: i) como un mandato, es decir, como un negocio jurídico mediante el cual el contratista actúa en nombre y representación de la entidad contratante, y en contraprestación, la parte contratante delegante paga el costo real del objeto del contrato, adicionando un porcentaje por concepto de administración y utilidad del contratista; o ii) como una modalidad de administración y pago, no necesariamente asociada al mandato. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, “Bajo este sistema la administración paga el costo real de la obra, más determinado porcentaje como retribución al contratista por concepto de honorarios de administración (en los que se incluyen costos de personal, oficinas, vehículos, desplazamientos etc.) y la utilidad”. En consecuencia, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, reconocido en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, así como en el artículo 1602 del Código Civil, la diferencia entre los “costos pagados por concepto de honorarios” y los “gastos reembolsables” dependerá de lo que dispongan los documentos del proceso en general y la minuta del contrato en particular. Tratándose en ambos casos de cláusulas accidentales en los términos del artículo 1501 del Código Civil, corresponde a las partes determinar su alcance y los rubros que componen cada una de estas partidas. Tratándose de las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública define los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Sin embargo, se trata de un listado enunciativo, pues la Ley 80 de 1993 se integra con las tipologías contractuales previstas en el derecho privado. Por ello, el inciso primero del artículo 13 dispone que “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. No obstante, en la misma providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, previamente citada, se indicó también que la “administración delegada” comparte la misma esencia de la relación contractual propia del mandato, en el entendido de que el contratista representa, administra y gestiona el contrato. Por ello, el contratista recibe como valor del contrato los recursos de inversión o entregados en administración y los honorarios, imponiéndosele, en virtud del principio de transparencia, el deber de identificar con claridad cada uno de estos valores y de rendirle cuentas a la entidad contratante, como a los órganos de control, si estos lo solicitan. |
| Materias | Administración Delegada · Contrato De Obra Pública · Decreto Ley 4170 de 2011 · Honorarios de administración · Ley 80 de 1993 · Contratación estatal · Contrato Estatal · Administración y pago · Concepto · Definición · Derecho privado · Derecho público · Mandato · Noción · Régimen mixto · Sentido restringido |
| Documento oficial | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/C-885.docx |
| Documentos relacionados |
|
Acceso al documento
Trazabilidad y verificación
Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 16 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: 4eea07af3c8f….
La copia preservada fue capturada y verificada por Name Abogados a partir de la fuente oficial. Metodología, cobertura y términos de reutilización.
Aviso de responsabilidad
Esta ficha es una herramienta de consulta documental: identifica un documento oficial, lo describe y enlaza a su fuente. No constituye concepto jurídico, asesoría legal ni opinión profesional de Name Abogados, no crea relación abogado-cliente y no sustituye el análisis de un profesional sobre un caso concreto.
Quien la consulta asume el deber de verificar el contenido en la fuente oficial antes de usarlo. El resumen, el problema jurídico y los fragmentos se elaboran con apoyo de herramientas automatizadas sobre el texto oficial y pueden contener errores, omisiones o imprecisiones; en caso de discrepancia prevalece el documento de la fuente oficial, cuyo enlace se publica en esta misma ficha. Corresponde también al consultante comprobar la vigencia del documento, la versión aplicable y su alcance: esta ficha no afirma que el documento se encuentre vigente.
Name Abogados no asume responsabilidad alguna por el uso que se dé a esta información, por las decisiones que se adopten con fundamento en ella, ni por los perjuicios que puedan derivarse de su utilización, interpretación o de la imposibilidad de acceder a ella. La consulta de esta ficha no genera obligación profesional a cargo de la firma.