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Servicio militar obligatorio, situación militar y requisitos para representantes legales de personas jurídicas

P20221125011727 · 31 de enero de 2023

EpígrafeServicio militar obligatorio, situación militar y requisitos para representantes legales de personas jurídicas
Resumen

Este documento conceptúa sobre la obligatoriedad de definir la situación militar en Colombia y su incidencia en el acceso al trabajo, especialmente para representantes legales de personas jurídicas. Fija la posición de que la regla general exige acreditar la situación militar definida mediante tarjeta de reservista, certificado digital o cédula militar para celebrar contratos de prestación de servicios con entidades públicas o ejercer cargos públicos. Sin embargo, precisa que excepcionalmente pueden acceder temporalmente al trabajo quienes estén clasificados como no aptos, exentos, hayan superado la edad máxima de incorporación o sean aptos pero exonerados de pagar la cuota de compensación militar, siempre que inicien el trámite y obtengan un certificado provisional verificable en el portal del Comando de Reclutamiento. El beneficio tiene un plazo máximo de dieciocho meses, contados desde la vinculación laboral, y las entidades deben consultar el estado en el sistema oficial para validar el cumplimiento. La posición se fundamenta en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, su reglamentación en el Decreto 977 de 2018 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destacando que el beneficio no exime de la obligación definitiva de definir la situación militar.

Pregunta formulada a la Agencia

Alcance del requisito de definición de la situación militar para representantes legales de personas jurídicas en procesos de contratación estatal

Fragmentos citables
El artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 dispone en su primer inciso que la situación militar se deberá acreditar en tres eventos: i) para ejercer cargos públicos, ii) trabajar en el sector privado y iii) celebrar contratos de prestación de servicios como persona natural con cualquier entidad de derecho público. De esta manera, se concluye prima facie que, para la celebración de contratos de prestación de servicios con personas naturales, resulta obligatorio que se acredite definida la situación militar mediante los documentos señalados en el numeral anterior.
Establece la regla general sobre la obligatoriedad de acreditar la situación militar definida para acceder a empleos o contratos con entidades públicas, base del análisis jurídico.
«[…] Sin perjuicio de la obligación anterior, las entidades públicas o privadas no podrán exigir al ciudadano la presentación de la tarjeta militar para ingresar a un empleo. Las personas declaradas no aptas, exentas o que hayan superado la edad máxima de incorporación a filas podrán acceder a un empleo sin haber definido su situación militar. Sin embargo, a partir de la fecha de su vinculación laboral estas personas tendrán un lapso de dieciocho (18) meses para definir su situación militar. En todo caso, no se podrán contabilizar dentro de los dieciocho (18) meses, las demoras que no le sean imputables al trabajador. […]»
Define la excepción al principio general, permitiendo el acceso temporal al trabajo a grupos específicos, con plazo y condiciones claras para regularizar su situación.
En ese sentido, no cabe duda de que el beneficio contemplado en el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 resulta aplicable a los contratos de prestación de servicios que suscriban las entidades públicas con las personas naturales que cumplan con las condiciones establecidas en la norma. Sin embargo, el alcance de esta regla debe interpretarse en armonía con lo dispuesto en el artículo 2.3.1.4.9.3 del Decreto 977 de 2018, el cual le impone la obligación a quien vaya a realizar la respectiva vinculación de consultar el estado de la definición de la situación militar a través del portal web dispuesto por el Ministerio de Defensa Nacional - Comando de Reclutamiento y Control Reservas del Ejército Nacional.
Establece el deber de las entidades de verificar el estado de la situación militar en el sistema oficial antes de contratar, vinculando la normativa legal con su aplicación práctica.
Al respecto, señala que el ciudadano que figure como no apto, exento o que supere la edad máxima de incorporación aparecerá en el Sistema de Información de Reclutamiento como en «liquidación», por el contrario, indica que si el ciudadano al momento de la consulta no se encuentra inscrito o la leyenda que arroja el portal web indica que su estado es «citado a primer examen», «citado a concentración» o «remiso», no podrá acceder a los beneficios que contempla el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, salvo que dé inicio al proceso de definición del estado de la situación militar y sea clasificado en el sistema dentro de la población beneficiaria de dicha regla excepcional.
Detalla los criterios técnicos para validar el cumplimiento de los requisitos excepcionales, incluyendo los estados del sistema que permiten o impiden acceder al beneficio.
MateriasContratacion Pública · Definición De La Situación Militar · Requisitos Habilitantes · Representante legal · Servicio militar obligatorio · Situación militar · Contratación estatal · Servicio Militar · Situación Militar Para El Trabajo · Exigibilidad · Obligación de consulta · Regla general
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/C-919.docx
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Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-919 de 2022
NúmeroP20221125011727
Fecha del documento31 de enero de 2023
Fecha de captura25 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 25 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: dc9ca6109f84….

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