Personerías municipales: naturaleza jurídica, autonomía financiera y ejecución presupuestal

En relación con el alcance, las funciones y la naturaleza de las personeros municipales y distritales, mediante Sentencia C-431 del 19 de agosto de 1998 la Corte Constitucional afirmó que la Constitución Política faculta a los personeros para ejercer funciones de Ministerio Público, no obstante no haberlo consignado en forma expresa cuando se refirió a la estructura de dicho organismo. En esta providencia destacó que si bien los personeros municipales no son delegados directos ni agentes de la Procuraduría General de la Nación, sí tienen a su cargo el desempeño de las funciones propias del Ministerio Público a nivel municipal, lo cual se hace evidente en las normas legales que, dando estricto cumplimiento a los mandatos constitucionales sobre la materia, reglamentan la institución de la personería.

Las personerías municipales y distritales están dotadas de autonomía administrativa y presupuestal conforme lo dispone el artículo 108 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. Esta autonomía implica que cuentan con capacidad y competencia para ordenar sus propios gastos dentro de los límites que impone la Ley y la Constitución, con la finalidad de cumplir, de manera independiente a la administración local, el ejercicio de su labor de control.

Para la celebración de los contratos las personerías están sometidas a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a las normas orgánicas del presupuesto de los distritos y municipios, por lo que deben sujetarse a los principios que rigen a la contratación pública y el sistema presupuestal, entre los cuales se encuentra el de anualidad del gasto público.

En caso de que en la etapa de planeación la entidad evidencie que el contrato a ejecutar exceda la vigencia fiscal correspondiente, deberá atender las previsiones legales sobre las excepciones al principio de anualidad del gasto y determinar cual resulta aplicable al caso en concreto. Dichas excepciones deben estar debidamente justificadas, cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.