Análisis del Decreto Legislativo 491 de 2020 sobre estabilidad laboral de contratistas durante la emergencia sanitaria por COVID-19

El contrato de prestación de servicios profesionales es un tipo de negocio previsto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que pueden celebrar las entidades estatales. Se trata de un contrato típico, porque está definido en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, que establece: 3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Así mismo, este artículo, en el segundo inciso, prohíbe la suspensión y la terminación unilateral de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión invocando como motivos para tales decisiones la declaratoria del estado de emergencia económica, social o ecológica, la emergencia sanitaria o las medidas adoptadas por las autoridades durante la pandemia. En otras palabras, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no se pueden suspender o terminar unilateralmente por parte de las entidades estatales esgrimiendo como razones: i) que el país atraviesa la pandemia del COVID-19, ii) que se declaró la emergencia económica, social o ecológica; o iii) amparándose en las medidas implementadas por el gobierno nacional o por otras autoridades –como el aislamiento preventivo obligatorio–, u otras similares que lleguen a decretarse.

Como puede observarse: i) mientras que la medida establecida en el artículo 16 va dirigida a las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la prevista en el artículo 17 es para las personas jurídicas –e indirectamente para sus empleados– que tengan celebrados con las entidades estatales contratos de prestación de servicios administrativos –concepto que debe entenderse como aquellos contratos de prestación de servicios que tengan por objeto la realización de actividades necesarias para la administración de la entidad, v.g.: aseo, vigilancia, cafetería, o similares; es decir, dicho concepto no necesariamente se refiere a los contratos de prestación de servicios que se hayan suscrito con fundamento en la causal de contratación directa contenida en el artículo 2, numeral 4º, literal h) de la Ley 1150 de 2007, sino que incluye estos y otros contratos de prestación de servicios administrativos, siempre que se hayan celebrado con personas jurídicas–; y ii) mientras en el artículo 16 se prohíbe terminar o suspender unilateralmente los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión esgrimiendo como causa la emergencia económica, social y ecológica, la emergencia sanitaria o las medidas adoptadas en desarrollo de estas, en el artículo 17 se prohíbe suspender –unilateral o bilateralmente, pues la norma no distingue– por cualquier factor los contratos de prestación de servicios administrativos celebrados con personas jurídicas, durante el aislamiento preventivo obligatorio.