Estabilidad ocupacional reforzada de contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios

El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal típico, regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Es definido como aquel que “celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”. La celebración de dicho contrato debe efectuarse a través de la modalidad de contratación directa.

Así, a pesar de la falta de una regla específica sobre la estabilidad ocupacional reforzada en los contratos de prestación de servicios, las entidades estatales, en virtud de su autonomía, deben cumplir con las directrices establecidas por la Corte Constitucional y respetar los principios de igualdad, no discriminación y dignidad humana. En este sentido, corresponde a las Entidades Estatales, de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional, aplicar los principios legales establecidos en el Estatuto General de Contratación para la Administración Pública (EGCAP) y las demás normas que regulen la materia, determinar la mejor forma de administrarlos y garantizar la estabilidad ocupacional reforzada de los contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios.

Ahora bien, si se le termina el contrato sin el permiso requerido, esta tendrá derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del pago de honorarios, como también al pago de los honorarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación del contrato, hasta la renovación de este.