Régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal: alcance de la prohibición por responsabilidad fiscal y efectos de las inhabilidades sobrevinientes

El artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 hace referencia a inhabilidades en relación con la imposición de condenas o sanciones que impiden el desempeño de cargos públicos. Sin embargo, el parágrafo primero establece de manera taxativa que quien haya sido declarado responsable fiscalmente no sólo será inhábil para el ejercicio de dichos cargos, como lo establece el encabezado del artículo, sino que, además, será inhábil para contratar con el estado.

Si la inhabilidad o incompatibilidad ocurre de forma sobreviniente una vez celebrado el contrato, el contrato no es inválido porque se perfeccionó de forma lícita. Sin embargo, conforme al principio de moralidad administrativa, se producirán las consecuencias dispuestas por el legislador. En efecto, según se desprende del texto del artículo 9 de la Ley 80 de 1993, y sin perjuicio de la regla especial establecida en el parágrafo 1 de dicho artículo, si la inhabilidad o incompatibilidad se configura después del perfeccionamiento del contrato, el contratista cederá el contrato a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante; si esto no es posible, deberá renunciar a la ejecución.

las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales. En consecuencia, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, los enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

De esta forma, cuando se cumplan los supuestos establecidos en los numerales del artículo 42 se configura la inhabilidad para ejercer cargos públicos, pero cuando se trate del supuesto establecido en el numeral cuarto, es decir, la persona haya sido declarada responsable fiscalmente, también estará inhabilitada para contratar con el Estado. Con respecto a su consulta, esto significa que no se trata de una interpretación extensiva de los supuestos establecidos en el artículo 42 a la contratación pública, pues el enunciado del artículo se refiere al ejercicio de cargos públicos.