Régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública – Contratos interadministrativos y administración delegada

Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se derivan i) de la existencia de comportamientos reprochables o de sanciones anteriormente impuestas, ii) de vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) de una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la presencia de una calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del Estado.

Ahora bien, al ser las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, la interpretación de las causales que las integran debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían cobijar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

i) Por una parte, circunscribiendo la respuesta al supuesto que usted expone y a los contratos que enuncia, la causal de inhabilidad del artículo 5 de la Ley 1474 de 2011 aplicaría en aquellos casos en que la entidad estatal contratante pretenda celebrar un contrato de administración delegada de interventoría con la misma entidad estatal con que ha celebrado un contrato de administración delegada de obra, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación de este, siempre que la administración delegada se haya pactado únicamente como forma de pago del contrato de obra y fuese a adoptar también esa naturaleza en el contrato de interventoría.

ii) En definitiva, cada entidad estatal contratante deberá analizar en el caso concreto si lo que se ha celebrado ha sido un contrato de obra por el sistema de pago de administración delegada o un contrato de mandato para la administración de proyectos de obra. Asimismo, debe tener claro si el contrato que pretende celebrar con la misma entidad estatal contratista será un contrato de consultoría para la ejecución de una interventoría por el sistema de pago de administración delegada o un contrato de mandato para la administración de un proyecto de interventoría. Solo cuando la combinación de contratos con la misma entidad estatal contratista, en el supuesto hipotético que usted indica, consista en un contrato de obra –previo– y un contrato de interventoría –que pretende celebrarse con posterioridad– se ingresa en el ámbito semántico de la causal de inhabilidad del artículo 5 de la Ley 1474 de 2011.