Viabilidad jurídica de celebrar contratos de concesión interadministrativos mediante contratación directa

De conformidad con lo establecido en los artículos 3 de la Ley 1508 de 2012 y 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, el procedimiento de selección para proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública es el de licitación pública contemplado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con esto, para la celebración de contratos interadministrativos de concesión sometidos al régimen de asociaciones publico privadas establecido por la Ley 1508 de 2012, las entidades estatales que pretendan ser ejecutoras deberán participar en un proceso de licitación pública, al no resultar aplicable la causal del literal c) numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de contratos de concesión que no se rijan por la Ley 1508 de 2012, estando sometidos al régimen de la entidad contratante, la modalidad de selección deberá ser determinada con sustento en dicho régimen. En ese orden, para el desarrollo de contratos de concesión ajenos a la Ley 1508 de 2012, pero sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en principio, la modalidad de selección es la licitación pública, modalidad que aplica como regla general para los objetos que no están sometidos a alguna de las otras modalidades de selección contempladas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, se estima que también podrá considerarse la posibilidad de celebrar el contrato concesión en el que el contratista sea otra entidad estatal, aplicando la causal de contratación directa prevista en el literal c) del artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, referente a contratos interadministrativos, siempre y cuando el objeto del contrato se relacione directamente con el objeto de la entidad ejecutora, caso en el cual corresponderá a la entidad estatal contratante determinar la viabilidad jurídica, técnica y financiera del proyecto.

Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.