Consorcios y uniones temporales – régimen aplicable a uniones temporales integradas por empresas sociales del estado

En este sentido, las estructuras plurales son convenios de asociación provenientes de la colaboración empresarial, mediante los cuales sus integrantes se unen y se organizan mancomunadamente para lograr con mayor eficacia un fin común de contenido patrimonial y lucrativo, como lo es la obtención del derecho a ser adjudicatarios de uno o varios contratos estatales, compartiendo recursos, de toda índole, para su ejecución, así como las utilidades y los riesgos. La diferencia radica en la responsabilidad frente a las eventuales sanciones por el incumplimiento de las obligaciones, toda vez que tratándose de una unión temporal, estas se individualizan según la participación de sus miembros, mientras que en el consorcio los miembros responden solidariamente, con independencia de este aspecto.

Es claro que la modificación del porcentaje de participación de los miembros de un consorcio o unión temporal, o de su conformación, no cabe en el ámbito de la subsanabilidad de la propuesta, sino en el de modificación de la misma. Variar este tipo de condiciones del proponente plural, con posterioridad al cierre del proceso, no es asunto subsanable, pues implica la modificación o mejoramiento de la oferta, circunstancia prohibida por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 […]

En principio, cuando una unión temporal integrada por una empresa social del Estado (ESE) se presenta en un proceso de contratación, debe sujetarse al régimen de contratación aplicable al proceso de contratación en el cual participa. En ese sentido, las uniones temporales tienen la capacidad de contratar con el Estado sin ser personas jurídicas, pero deben cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones del proceso en el que se encuentren involucradas.