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Régimen jurídico aplicable a la enajenación voluntaria de inmuebles declarados de utilidad pública e interés social para infraestructura vial

P20210630005760 · 13 de agosto de 2021

EpígrafeRégimen jurídico aplicable a la enajenación voluntaria de inmuebles declarados de utilidad pública e interés social para infraestructura vial
Resumen

El documento conceptúa sobre el régimen jurídico aplicable a la enajenación voluntaria directa de inmuebles declarados de utilidad pública o interés social por parte de entes territoriales para el desarrollo de obras de infraestructura vial. Fija la posición de que este procedimiento, regulado por las Leyes 9 de 1989, 388 de 1997, 1682 de 2013, 1742 de 2014 y 1882 de 2018, se encuentra exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), por tratarse de un régimen especial. Señala que la adquisición debe realizarse mediante una etapa previa de negociación directa, con oferta de compra basada en avalúos oficiales, y que, de no lograrse acuerdo, se procede a expropiación judicial o administrativa, siempre garantizando el debido proceso. Además, precisa que este procedimiento debe ajustarse a los principios constitucionales de la función administrativa y la gestión fiscal, así como a las normas especiales de planeación y estudios técnicos previstos en la normativa aplicable, sin que resulten aplicables las inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993.

Pregunta formulada a la Agencia

Determinar si la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias aplican al procedimiento de adquisición de bienes inmuebles declarados de utilidad pública e interés social por parte de entes territoriales para obras de infraestructura vial, y en caso negativo, identificar la normativa aplicable.

Fragmentos citables
La Constitución Política, en el artículo 58, establece la garantía de la propiedad privada y a los demás derechos adquiridos que de ella se deriven. Esos derechos no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Sin embargo, el constituyente consagró en el precepto citado la posibilidad de establecer limitaciones al derecho a la propiedad privada: «por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial o indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio».
Establece el fundamento constitucional de la limitación a la propiedad privada por utilidad pública o interés social, base para el procedimiento de expropiación y adquisición de inmuebles.
El procedimiento para la adquisición de bienes inmuebles destinados a actividades de utilidad pública e interés social, tal y como se encuentra regulado en la normativa citada, contempla que la entidad pública adquirente efectúe previamente el trámite de adquisición a través de la enajenación voluntaria y negociada con el propietario del inmueble, antes de acudir a los procedimientos especiales para la expropiación judicial o administrativa. Así, en los casos de enajenación voluntaria y negociación directa, la adquisición se realiza como resultado de un negocio jurídico autónomo, en el que la obligación de pago se determinará de común acuerdo entre el Estado y el vendedor, pues, en tales eventos no se trata de una expropiación.
Define el procedimiento especial de enajenación voluntaria directa como etapa previa obligatoria antes de iniciar expropiación, destacando su naturaleza de negocio jurídico autónomo.
Por ello, la Subdirección –dentro de los límites de sus atribuciones– resolverá la consulta conforme a las normas generales en materia de contratación estatal. Con este objetivo se analizarán los siguientes temas: i) el régimen jurídico aplicable a la enajenación voluntaria de inmuebles declarados como de utilidad pública e interés social; ii) la regulación especial en materia de adquisición de bienes inmuebles por motivos de utilidad pública e interés social destinados a la construcción de infraestructura de transporte; iii) los estudios de viabilidad de los proyectos y los contratos de obra de infraestructura de transporte; y iv) el procedimiento especial de enajenación voluntaria directa para la adquisición de bienes inmuebles con fines de utilidad pública e interés social como régimen exceptuado del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
Enuncia los ejes temáticos sobre los que se estructura la respuesta, incluyendo la exceptuación del régimen general de contratación pública.
En virtud del principio de economía y el deber de planeación, no se puede licitar ni contratar la ejecución de una obra sin que, previamente, se haya se determinado la necesidad de contratarla y su conveniencia y oportunidad; elaborado o dispuesto la realización de los planos, proyectos, estudios de prefactibilidad o factibilidad; efectuado el análisis, tipificación y monetización de los riesgos contractuales para su adecuada distribución; identificado los costos y valores de la obra; obtenido las licencias, permisos y autorizaciones, así como los terrenos donde se ejecutará; conseguido los presupuestos respectivos o la disponibilidad de los recursos para su financiación y pago, y determinado las demás especificaciones, calidades y condiciones que permitan contar con los soportes técnico, económico, financiero y jurídico necesarios para celebrar y ejecutar el contrato.
Establece los requisitos de planeación y estudios técnicos previos obligatorios para la ejecución de obras públicas, aplicables al procedimiento de adquisición de inmuebles.
MateriasBienes De Utilidad Pública · Contratos Estatales · Expropiación · Gestión predial · Utilidad pública · Contratación estatal · Inhabilidades E Incompatibilidades · Principio De Planeación · Propiedad Privada · N/a
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/1629980019587-C-324.docx
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Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-324 de 2021
NúmeroP20210630005760
Fecha del documento13 de agosto de 2021
Fecha de captura25 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 25 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: c594a025fbbb….

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