Obligatoriedad de designar supervisor para contrato de obra cuando existe interventoría

En el marco de los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP–, la obligación de contratar interventoría encuentra respaldo en los supuestos normativos previstos tanto en el inciso segundo del numeral 32.1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, como en el inciso tercero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Estas disposiciones no deben entenderse como excluyentes entre sí, sino como complementarias, en tanto regulan distintos escenarios que exigen la implementación de mecanismos técnicos de vigilancia y control sobre la ejecución de los contratos de obra.

Así, por ejemplo, podría configurarse un escenario en el cual, a pesar de que la ejecución del contrato de obra no requiera conocimientos especializados ni revista alta complejidad o extensión, el solo hecho de haberse adjudicado mediante la modalidad de licitación pública activa la obligación legal de contratar interventoría conforme a la Ley 80 de 1993. En consecuencia, en estos casos no resulta jurídicamente procedente que la entidad estatal prescinda de la interventoría y opte únicamente por el mecanismo de supervisión, ya que la norma establece un mandato imperativo para garantizar una adecuada vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieran conocimientos especializadas. Para la supervisión, la entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicio que sean requeridos. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.

En virtud de lo anterior, el legislador ha previsto mecanismos específicos para asegurar la vigilancia técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de este tipo de contratos, como lo es la interventoría. Este mecanismo cumple una función sustantiva de control preventivo y correctivo sobre la ejecución del contrato, en garantía del adecuado uso de los recursos públicos y del cumplimiento del objeto contractual.