Inhabilidades e incompatibilidades en la contratación estatal: consorcios y uniones temporales

Las inhabilidades e incompatibilidades al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley o la Constitución –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos contemplarían múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la seguridad jurídica, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio.

No existe dentro del sistema de compras y contratación pública una inhabilidad o incompatibilidad que implica una restricción para los consorcios o uniones temporales, así como para el miembro que pertenece a estos dentro del proceso de contratación. Si bien no existe una inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Ley para determinar su procedencia, no significa que ante este supuesto planteado no haya una vulneración a la libertad de empresa regulado en el artículo 333 constitucional, y que pueda constituirse como una causal de rechazo dentro de un proceso de contratación.

En los Documentos Tipo anteriores y vigentes, expedidos por esta Agencia se establece como causal de rechazo en el literal b, numeral 1.15 lo siguiente: “B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación”. [Reemplazar el texto anterior por el siguiente, cuando el proceso es estructurado por lotes o segmentos: Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o haga parte en más de una propuesta para el mismo lote o segmento del presente Proceso de Contratación]

Las limitaciones y restricciones que se contienen en el citado estatuto, predicables de la relación Estado-particulares y que afectan los diversos momentos de formación, celebración y ejecución de los contratos estatales, se refieren a una faceta de la actividad del Estado y en la que se contempla, en los términos de la ley, una especial modalidad de participación o colaboración de los particulares en su papel de contratistas. La ley demandada recae sobre una materia que pertenece al dominio de la esfera estatal y pública, dentro de la cual no rige el principio pro libertate, sino el de legalidad, el que ordena que la función pública debe someterse estrictamente a lo que disponga la Constitución y la ley (CP art. 6).