Seguridad social integral en contratos de prestación de servicios: obligaciones de retención y pago de aportes

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 2381 de 2024, así como con el artículo 2.2.4.18.7 del Decreto 514 de 2025, la posibilidad de que las entidades públicas asuman directamente la retención y el pago de los aportes al Sistema de Protección Social Integral por parte de contratistas de prestación de servicios está condicionada a la existencia de un pacto expreso entre las partes, es decir, debe acordarse dentro del contrato correspondiente. Este acuerdo no opera de manera automática ni generalizada con la entrada en vigor de la reforma pensional, sino que requiere una modificación del contrato vigente o su inclusión expresa en los nuevos contratos.

Del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 se concluye que, si bien los proponentes y los contratistas deben estar al día en el pago al Sistema de Seguridad Social, la verificación de este requisito, por parte de las entidades estatales, se realizará como requisito para iniciar la ejecución de los contratos –inciso primero– y cuando realicen cada pago originado en el contrato estatal –parágrafo 1–, es decir, durante la ejecución del contrato. En estos términos, la obligación de estar al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral es un requisito de ejecución de los contratos estatales.

No obstante, lo anterior, es preciso tener en cuenta que, mediante el Auto 841 del 17 de junio de 2025, la Corte Constitucional, dentro del proceso D-15989, ordenó la suspensión de la entrada en vigencia de las disposiciones contenidas en la Ley 2381 de 2024 —salvo los artículos 12, su parágrafo transitorio y 76— hasta tanto la Sala Plena de dicha corporación se pronuncie de forma definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

Por su parte, el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 dispuso como obligación de quien quiere celebrar, renovar o liquidar contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, cumplir con las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, faculta a la entidad estatal, al momento de liquidar los contratos, para verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debió cotizar.