Obligatoriedad de incluir el componente de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) como rubro independiente en contratos de obra pública con precios unitarios bajo Documentos Tipo

En consecuencia, cuando el proceso de contratación esté sometido a los Documentos Tipo y el presupuesto oficial se estructure mediante el sistema de precios unitarios, la entidad estatal no podrá optar por incorporar el AIU de manera implícita dentro de los análisis de precios unitarios ni absorberlo dentro del valor de cada ítem presupuestal, pues ello desconocería la estructura económica prevista en el Documento Base y en el Formulario del Presupuesto Oficial. En este supuesto, el AIU debe aparecer discriminado mediante los porcentajes correspondientes a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad, de conformidad con las instrucciones obligatorias contenidas en los Documentos Tipo.

Lo anterior no significa que el ordenamiento jurídico imponga, con carácter general, que todo contrato de obra pública deba estructurarse bajo un esquema en el que el AIU aparezca discriminado como un rubro independiente. Como se expondrá en el presente concepto, ni la Ley 80 de 1993, ni la Ley 1150 de 2007, ni el Decreto 1082 de 2015 regulan una metodología única para la estructuración del precio de los contratos de obra pública.

Por ello, fuera del ámbito de aplicación de los Documentos Tipo, o cuando el proceso no se estructure mediante el sistema de precios unitarios, corresponde a la entidad estatal, en ejercicio de su deber de planeación y de la autonomía que le reconoce el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para configurar la estructura económica del contrato, definir la metodología de formación del precio que resulte más adecuada para satisfacer la necesidad pública.

La metodología de estipulación del precio a través de la utilización de las variables AIU, como forma de calcular los costos indirectos, no tiene una regulación expresa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en el Decreto 1082 de 2015 o en disposiciones normativas complementarias. Lo que existe es una competencia para las entidades estatales, reconocida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes términos: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.