Contrato de prestación de servicios: requisitos, límites y posibilidad de celebración simultánea con contrato laboral en el sector privado

En efecto, las inhabilidades e incompatibilidades constituyen restricciones o límites especiales a la capacidad de las personas para presentar ofertas y celebrar contratos con el Estado. Dichas limitaciones, por tratarse de medidas que restringen derechos fundamentales como la libertad de empresa, la libre concurrencia y el ejercicio de profesiones u oficios, deben estar expresamente previstas en la ley, en virtud del principio de legalidad.

Hecha esta claridad, debe señalarse que no existe norma alguna, ni en la Constitución Política de 1991, ni en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, ni en otras disposiciones complementarias, que establezca una inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que impida que una persona natural celebre un contrato de prestación de servicios con una Entidad Estatal mientras mantiene una relación laboral vigente con una persona jurídica de derecho privado.

Dado que las inhabilidades e incompatibilidades son limitaciones de carácter excepcional, su interpretación debe ser restrictiva, lo cual excluye cualquier aplicación extensiva, analógica o por integración normativa. En consecuencia, en ausencia de una disposición expresa que prohíba dicha simultaneidad de vínculos contractuales, no puede afirmarse su ilegalidad o improcedencia.

Ahora bien, ello no exime a las Entidades Estatales de actuar con diligencia al momento de evaluar las condiciones de ejecución del contrato estatal. Es necesario analizar, en cada caso, la complejidad, el alcance y la dedicación requerida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de determinar si el contratista cuenta efectivamente con la capacidad jurídica, técnica y económica para atender simultáneamente sus responsabilidades laborales y contractuales.