SUSPENSIÓN DEL CONTRATO – Alcance – Autonomía de la voluntad

La suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. […] la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; esto es, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que procura la satisfacción del interés público.

En cualquier caso, el marco jurídico expuesto evidencia que la firma del acta de suspensión, al ser un acuerdo de voluntades con respecto al contrato estatal, corresponde principalmente a las partes del mismo. En esta medida, no corresponde a los supervisores ni a los interventores acordar con el contratista la suspensión o el reinicio de las actividades, pues esta facultad recae, al igual que la de suscribir el contrato, sobre el jefe de la entidad contratante –o su delegado– y el contratista.

En relación con los efectos jurídicos derivados de la falta suscripción del acta de suspensión por la parte competente, debe precisarse que la contratación estatal se encuentra regida por los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, economía y publicidad, los cuales imponen que toda actuación que incida en la ejecución del contrato debe constar de manera expresa, formal y verificable. En consecuencia, la ausencia de formalización del reinicio impide predicar la existencia de ejecución válida del contrato, lo que genera un estado de incertidumbre jurídica que debe ser corregido por la entidad contratante en ejercicio de su deber de dirección y control del contrato.