Limitación a mipymes – fundamento normativo y requisitos

En consecuencia, no resulta jurídicamente procedente que las entidades estatales se abstengan de limitar la convocatoria a Mipymes bajo consideraciones de conveniencia administrativa, oportunidad o preferencia institucional cuando se encuentren acreditadas las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior obedece a que la actividad contractual se encuentra sometida al principio de legalidad y, por tanto, las entidades públicas deben ejercer sus competencias en la forma prevista por las normas que regulan el respectivo procedimiento de selección.

Artículo 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias Imitadas a Mipyme. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación.

Así, la regulación distingue claramente entre la limitación de la convocatoria a Mipymes y la limitación territorial de dicha convocatoria. Aunque ambas figuras se encuentran orientadas al fortalecimiento empresarial, poseen naturaleza jurídica, alcance y presupuestos diferentes. La primera busca promover la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en general; la segunda pretende favorecer adicionalmente a aquellas que tienen presencia o domicilio en determinadas regiones del país.

Por lo tanto, la existencia de una facultad para limitar territorialmente la convocatoria no puede interpretarse como una facultad para abstenerse de aplicar la limitación general a Mipymes. Ambas medidas operan en planos distintos y responden a presupuestos normativos diferentes. Mientras la primera constituye una consecuencia derivada del cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2, la segunda (Artículo 2.2.1.2.4.2.3.) corresponde a una decisión adicional que puede o no ser incorporada por la entidad estatal.