Principio de publicidad en la contratación pública y obligaciones de reporte en SECOP II

Uno de los postulados más importantes de un Estado social y democrático de derecho es el principio de publicidad, pues este permite que las actuaciones de las autoridades gocen de visibilidad. En tal sentido, la filosofía política explica que la democracia “[…] es idealmente el gobierno de un poder visible, es decir, el gobierno cuyos actos se realizan ante el público y bajo la supervisión de la opinión pública”. El secreto generalizado en el ejercicio del poder político constituye, por el contrario, una negación de la democracia, porque dificulta la supervisión de las autoridades por parte de la sociedad civil y establece una barrera para la participación ciudadana.

Las entidades estatales están obligadas a publicar la información relativa a sus procesos de contratación en el SECOP II, conforme a lo establecido por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1712 de 2014. Estas normativas exigen que todos los documentos generados durante las distintas etapas de un proceso contractual, incluyendo los actos administrativos, informes, estudios previos y cualquier otro documento relacionado con la gestión contractual, sean cargados y difundidos en la plataforma dentro de los plazos establecidos.

El incumplimiento de la obligación de reportar la información y ejecución contractual en el SECOP II por parte de las entidades estatales tiene diversas consecuencias jurídicas. Los entes de control, como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y otras normativas de transparencia, realizando auditorías e inspecciones. En caso de incumplimiento, pueden imponer sanciones administrativas como multas, y sanciones disciplinarias a los funcionarios responsables, además de remitir los casos a la Fiscalía si se detectan delitos.

Sin embargo, para identificar los documentos que deben publicarse, es necesario realizar una interpretación sistemática de las disposiciones del Decreto 1082 del 2015, comoquiera que el anterior no es un listado taxativo, sino enunciativo, porque además de los documentos enlistados, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 Ibidem recoge en la noción de Documentos del Proceso “cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación”.