Precios unitarios, apu, aiu y diferencias en contratación estatal

En consecuencia, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como las excluidas de este –es decir, las que cuentan con un régimen especial– gozan de autonomía para configurar el precio y para establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, respetando los límites previstos en el ordenamiento. En tal perspectiva, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU; modelo que, como se indicó, es más pertinente para los contratos de tracto sucesivo, como el de obra.

Así pues, ni el sistema de precios unitarios –como metodología de estipulación del valor contractual–, ni el concepto de AIU, ni mucho menos la forma de calcularlo –es decir, su porcentaje–, son aspectos regulados en el conjunto de las disposiciones legales y reglamentarias que integran la normativa contractual del Estado. «La justificación de esta manera de cotizar el precio procede, incluso, de la formación universitaria que reciben los ingenieros, a quienes les enseñan esta metodología para elaborar las ofertas.

Resta aclarar que el precio de todo contrato estatal, incluido el contrato de obra, es la contraprestación a que tiene derecho el contratista por ejecutar las prestaciones a que está obligado de manera oportuna y satisfactoria y, la forma de pago del mismo, se regirá por lo pactado en el contrato, según y como se haya estructurado desde la etapa de planeación precontractual, previo análisis del sector y del mercado. Así, por lo general, cuando se pacta el pago del precio por el sistema de precios unitarios, se verifica las prestaciones ejecutadas, según las cantidades realizadas por el contratista y se procede al pago del precio equivalente, conforme a las tarifas unitarias definidas en el contrato, las cuales, por lo general, incorporan el factor AIU predefinido en la oferta como un porcentaje del precio a título de costos indirectos, sin que sea necesario u obligatorio que se justifique la causación efectiva de cada uno de estos costos del contratista.