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Concepto sobre alcance de la prohibición de contratación directa en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 y su aplicación a contratos con organismos internacionales
P20220224001869 · 8 de abril de 2022Contratación estatalcontratación directacontratos suscritos con organismos internacionalesdecreto ley 4170 de 2011ley de garantías electoralesorganismos internacionalesley 1150 de 2007ley 996 de 2005contratación estatalColombia Compra EficienteConcepto
| Epígrafe | Concepto sobre alcance de la prohibición de contratación directa en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 y su aplicación a contratos con organismos internacionales |
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| Resumen | Este documento, emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conceptúa sobre el alcance y aplicación de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) en materia de contratación estatal, especialmente durante los períodos previos a elecciones presidenciales. Fija la posición de que la prohibición de contratación directa consagrada en el artículo 33 de la citada ley debe interpretarse de manera restrictiva, aplicándose a cualquier sistema de selección que no incluya convocatoria pública ni permita pluralidad de oferentes, excluyendo así modalidades como licitación pública, concurso de méritos o selección abreviada. Además, precisa que la restricción cobija a todos los entes del Estado sin excepción, incluyendo aquellos con régimen especial de contratación, y que su finalidad es preservar la igualdad y transparencia en las contiendas electorales. También unifica criterios respecto a la contratación con organismos internacionales, señalando que si el régimen aplicable es el de estos sujetos, la prohibición del artículo 33 no resulta aplicable cuando el reglamento internacional regule el procedimiento de selección de contratistas. |
| Pregunta formulada a la Agencia | Determinar si la prohibición de contratación directa del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 aplica a contratos con organismos internacionales cuando estos se rigen por sus propios reglamentos |
| Fragmentos citables | Por un lado, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe «[…] la contratación directa por parte de todos los entes del Estado» durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo «[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias». La contratación directa es un mecanismo de selección de carácter excepcional, en virtud del cual las entidades públicas pueden contratar mediante un trámite simplificado, ágil y expedito sin necesidad de realizar previamente un proceso de licitación pública o concurso, únicamente en los casos en que expresa y taxativamente señale la ley (numeral 4, artículo 2, ley 1150 de 2007), y cumpliendo siempre los principios que rigen la contratación pública. Esta Sala ha entendido que para los efectos de la ley de garantías, y dada su finalidad, el enunciado ´contratación directa´ es sinónimo de cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes, y que, además, no necesariamente hace referencia al procedimiento especial regulado por la ley de contratación estatal, sino a cualquier otro que prescinda de un proceso de licitación pública o concurso. Por ello, varias de las disposiciones de la Ley 996 de 2005, al contener normas prohibitivas, no admiten una interpretación amplia, sino que deben interpretarse restrictivamente. En efecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al analizar la referida ley, precisó lo siguiente: No está de más recordar que las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y la interpretación extensiva. cuando una entidad pública con fundamento en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 acuerde la aplicación del reglamento del organismo internacional, de la persona pública extranjera o del organismo de asistencia, ayuda o cooperación internacional, se deberá precisar en el respectivo contrato o convenio el alcance de tal variación de régimen y si ello implica acoger la totalidad de las normas del reglamento extranjero o si, por el contrario, solo se aplicarán ciertos aspectos en él regulados. En uno y otro caso, si el reglamento del organismo o sujeto internacional que las partes han convenido en aplicar regula todo lo relacionado con el procedimiento de selección de contratistas y las oportunidades para que sea realizado, la prohibición para contratar directamente establecida en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales no será derecho aplicable al convenio o contrato y sus derivados. Por el contrario, si el convenio en el que se varíe el régimen normativo toca aspectos o etapas distintas al procedimiento para la selección del contratista, la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales sí será derecho aplicable a la actividad contractual. |
| Materias | Contratación Directa · Contratos Suscritos Con Organismos Internacionales · Decreto Ley 4170 de 2011 · Ley De Garantías Electorales · Organismos Internacionales · Ley 1150 de 2007 · Ley 996 de 2005 · Contratación estatal |
| Documento oficial | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/1679182376435-CU-180-DE-2022.docx |
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