Vigilancia de los contratos estatales – Marco jurídico, obligación de la entidad y objetivo

De manera preliminar es pertinente indicar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las Entidades Estatales tienen el deber de realizar el seguimiento, control y vigilancia de los contratos que suscriban mediante la supervisión o la interventoría, según corresponda. Ahora bien, de acuerdo con la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos del Estado en Colombia (publicada por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente), la supervisión e interventoría de los contratos deben desarrollarse con estricta sujeción a los principios que rigen la contratación estatal, consagrados principalmente en el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

De igual manera el supervisor contractual, en su calidad de servidor público, tiene como función esencial la verificación del cumplimiento del objeto del contrato y de las obligaciones a cargo del contratista, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474. En consecuencia, no le es jurídicamente viable ejecutar directamente el contrato ni asumir tareas que son propias del contratista, mucho menos administrar o manejar recursos en efectivo entregados por este. Tal actuación implicaría una extralimitación de sus funciones, violando los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa que rigen la función pública (artículos 6, 121 y 209 de la Constitución Política), y podría dar lugar a sanciones de orden disciplinario, fiscal o incluso penal, al tratarse de un manejo irregular de recursos públicos sin competencia legal ni respaldo presupuestal.

En ese sentido, puede colegirse que la supervisión es uno de los medios para que las entidades ejerzan la dirección, control y vigilancia de sus contratos, con el fin de lograr el objeto contractual. Por consiguiente, el supervisor, de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 1993, tiene la obligación de desarrollar las actividades que impliquen la vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los contratos, función que puede ser asignada a un empleado público siempre que se ajusten a las fijadas para el cargo.