Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
Marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública
P20240926009866 · 12 de noviembre de 2024Contratación estatalactos de corrupcióncontratación estatalsarlaftselección objetivadebida diligenciafinanciación del terrorismolavado de activosrégimen de inhabilidades e incompatibilidadesterminación unilateralcausalesdefiniciónfactores de evaluacióninterpretación estrictamarco jurídicomarco normativomedidas de mitigaciónoferta más favorableprogramas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activosreserva legalColombia Compra EficienteConcepto
| Epígrafe | Marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública |
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| Resumen | Este documento, emitido por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, conceptúa sobre el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública, en respuesta a una consulta formulada por la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Fija la posición de que las entidades públicas deben implementar medidas de debida diligencia para mitigar riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022. Precisa que estas medidas incluyen la identificación de contratistas, beneficiarios finales, verificación de información y seguimiento continuo de transacciones, sin que ello implique la creación de nuevas causales de inhabilidad o la inclusión de programas de cumplimiento anticorrupción como criterios de evaluación en los procesos de selección. Además, señala que el deber de debida diligencia no se extiende a subcontratistas y que su incumplimiento puede generar sanciones por parte de las autoridades de inspección, vigilancia y control. También precisa que, como se trata de un deber que deben cumplir las entidades contratantes, de los artículos 12 y 31 de la Ley 2195 de 2022 no se desprende una centralización del mismo en cabeza de los órganos de control, y señala que el Decreto Ley 4170 de 2011 no asigna a la Agencia funciones de dictar lineamientos en temas de debida diligencia. |
| Pregunta formulada a la Agencia | Determinar el marco jurídico vigente de la debida diligencia en el sistema de compras y contratación pública |
| Fragmentos citables | Conforme al literal a) del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, deberá implementar Programas de Transparencia y Ética Pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad […] (Énfasis fuera de texto). Este programa incluye, entre otros aspectos, las “Medidas de debida diligencia en las entidades del sector público”. En este contexto, en el marco de los prescrito en el artículo 12 ibidem, los municipios deben establecer en su programa de transparencia criterios para mitigar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. 1. Identificar la persona natural, persona jurídica, estructura sin personería jurídica o similar con la que se celebre el negocio jurídico o el contrato estatal. Bajo estas circunstancias, las entidades públicas no pueden establecer en el pliego de condiciones causales de inhabilidad o incompatibilidad no previstas en la Constitución o en la ley. En consecuencia, al tratarse de una materia que tiene reserva legal, no es posible que una entidad pública establezca nuevas causales que afecten la capacidad para contratar con el Estado, ni siquiera haciéndolas pasar como causa para rechazar los ofrecimientos realizados. Conforme al principio de legalidad como eje estructurador de la actuación administrativa, dentro de los criterios de evaluación no puede contemplarse adopción de programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos. Por ser una exigencia transversal a todos proponentes en los procesos contractuales, este elemento no determina la oferta más favorable a los intereses de la entidad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. |
| Materias | Actos De Corrupción · Contratación Estatal · Sarlaft · Selección Objetiva · Debida diligencia · Financiación del terrorismo · Lavado de activos · Régimen De Inhabilidades E Incompatibilidades · Terminación Unilateral · Causales · Definición · Factores de evaluación · Interpretación estricta · Marco jurídico · Marco normativo · Medidas de mitigación · Oferta más favorable · Programas de cumplimiento anticorrupción o antilavado de activos · Reserva legal |
| Documento oficial | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/11/C-494.docx |
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Acceso al documento
Trazabilidad y verificación
Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 25 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: f1f6ff7a683d….
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