Aplicación de equivalencias entre estudios y experiencia en contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

Las entidades estatales pueden aplicar equivalencias entre estudios y experiencia en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, tanto para acreditar requisitos de idoneidad como para determinar honorarios, siempre que dichas equivalencias se encuentren previamente definidas y justificadas en los documentos del proceso, en los estudios previos, en el análisis del sector o en los actos administrativos internos mediante los cuales la entidad adopta tablas de honorarios y perfiles contractuales, en observancia de los principios de planeación, transparencia, economía, proporcionalidad y selección objetiva previstos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

No obstante, las equivalencias previstas en el Decreto 1083 de 2015 no son de obligatoria aplicación para los contratistas de prestación de servicios, toda vez que dicho decreto regula materias propias del empleo público, las funciones y requisitos de los cargos públicos y la administración de personal al servicio del Estado. En consecuencia, dado que los contratistas no tienen la calidad de servidores públicos sino de particulares vinculados mediante una relación contractual autónoma e independiente, las reglas del Decreto 1083 de 2015 no se aplican de manera automática a este tipo de contratación.

A partir de la Ley 1955 de 2019 se permite contar como experiencia profesional las prácticas laborales realizadas por estudiantes para obtener el título de grado. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1780 de 2016, la práctica laboral es una actividad formativa desarrollada por un estudiante de programas de formación complementaria ofrecidos por las escuelas normales superiores y educación superior de pregrado, durante un tiempo determinado, en un ambiente laboral real, con supervisión y sobre asuntos relacionados con su área de estudio o desempeño.