Autonomía de las Entidades Estatales para exigir experiencia en contratos de prestación de servicios o apoyo a la gestión

En el régimen de contratación estatal colombiano, si bien las entidades públicas gozan de competencia para confeccionar los estudios previos y definir los requisitos que deben reunir los oferentes según los factores advertidos en su planeación, esta facultad no puede ejercerse de forma arbitraria o caprichosa. Al tenor del artículo 44 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en virtud del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, en la medida en que el contenido de una decisión sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por otra parte, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 reglamenta que, para la procedencia de la contratación directa de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la entidad debe verificar la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. Asimismo, la práctica común en el diseño de los procesos de selección matiza este requisito distinguiendo la experiencia general, la cual se relaciona de manera amplia con el desempeño de la actividad profesional objeto del negocio jurídico, de la experiencia relacionada, concebida como aquella adquirida en el ejercicio de actividades con funciones similares a las del contrato a proveer.

Determinar si es viable exigir una experiencia profesional o laboral en términos amplios o generales es un análisis que corresponde evaluar a la entidad en cada caso concreto durante la etapa de planeación, bajo la estricta obligación de sustentar explícitamente en los estudios previos y en el análisis del sector de qué manera dicha exigencia responde a criterios de necesidad y proporcionalidad frente a las obligaciones específicas que el contratista va a desarrollar.