Contratación estatal – políticas horizontales e incentivos contractuales

La «política horizontal», como se dijo, consiste en el fin constitucional o legal legítimamente perseguido por el Estado, para cuya consecución se apoya en la contratación estatal como instrumento, aun cuando no se trate del objetivo directo y principal de esta actividad administrativa. Por su parte, el «incentivo» corresponde a la herramienta utilizada para garantizar aquellos fines, como es el caso, se reitera, de los criterios de desempate, puntaje adicional o convocatorias reservadas.

En los procesos de contratación públicos, en caso de empate en la puntuación de dos o más proponentes, se preferirá a aquel que demuestre la vinculación del mayor porcentaje de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.

Es posible afirmar que el legislador reconoce, en el artículo 4, la necesidad de un reglamento para el efectivo cumplimiento de la ley 2040 de 2020, lo que demuestra, para el caso concreto, una vigencia sometida a condición para el criterio de desempate de que trata el artículo 3. Es decir, nos encontramos frente a un caso donde la norma sometió su vigencia a la expedición de un reglamento, pues así se infiere de su contenido y antecedentes legislativos.

Dado el caso en que el contrato público haya sido obtenido con ocasión a esta forma de desempate, el empleador deberá mantener el mismo porcentaje de adultos mayores trabajadores al interior de la empresa durante la vigencia de ejecución del contrato. En caso contrario no podrá hacer uso de este beneficio en cualquier otro contrato que celebre con el Estado dentro de los 5 años siguientes a la terminación del contrato.