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Ley de Garantías Electorales: restricciones a la contratación estatal en período preelectoral y modificaciones transitorias por la Ley 2159 de 2021

6 de diciembre de 2021

EpígrafeLey de Garantías Electorales: restricciones a la contratación estatal en período preelectoral y modificaciones transitorias por la Ley 2159 de 2021
Resumen

El documento conceptúa sobre el alcance y aplicación de las restricciones establecidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), orientando su interpretación en materia de contratación estatal durante períodos preelectorales. Fija la posición de que estas normas prohibitivas, al limitar derechos y libertades, deben interpretarse de manera restrictiva y taxativa, sin admitir analogías ni extensiones. Precisa que la prohibición del artículo 33 aplica exclusivamente a la contratación directa durante los cuatro meses previos a elecciones presidenciales, con excepciones tasadas como emergencias sanitarias o de seguridad, mientras que el parágrafo del artículo 38 restringe la celebración de convenios interadministrativos con ejecución de recursos públicos en cualquier contienda electoral, incluyendo elecciones territoriales. Señala que ambos tipos de restricciones son concurrentes para elecciones presidenciales, pero no para otros cargos. Además, conceptúa sobre la modificación transitoria introducida por la Ley 2159 de 2021 (Ley Anual de Presupuesto), que suspende parcialmente la prohibición del parágrafo del artículo 38 para convenios entre entidades nacionales y territoriales durante la vigencia fiscal 2022, siempre que se ejecuten programas del Presupuesto General de la Nación. Define el alcance de términos como 'Nación', 'programas y proyectos correspondientes' y aclara que las restricciones no aplican a contratos ordenados por sentencia judicial.

Pregunta formulada a la Agencia

Determinar el alcance de las restricciones a la contratación estatal durante el período preelectoral según la Ley 996 de 2005 y las modificaciones transitorias introducidas por la Ley 2159 de 2021 (Ley Anual de Presupuesto 2022)

Fragmentos citables
La Ley 996 de 2005, conocida como «Ley de Garantías Electorales», se suma al andamiaje de orden constitucional y legal que se ha ocupado de evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial.
Establece el propósito general de la norma y su fundamento constitucional, esencial para entender el alcance de las restricciones.
las prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal; la tipificación de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; y su aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris y la interpretación extensiva. Las normas legales de contenido prohibitivo hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son disponibles ni pueden ser derogadas, modificadas, ampliadas o adicionadas por acuerdo o convenio o acto unilateral.
Explica el criterio interpretativo clave para aplicar las restricciones de la Ley de Garantías Electorales, destacando su carácter imperativo y restrictivo.
la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales se refiere a «cualquier sistema que no implique convocatoria pública y posibilidad de pluralidad de oferentes», por lo que excluye las demás modalidades de contratación previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, la selección abreviada y el concurso de méritos u otros previstos en normas especiales.
Define el alcance material de la prohibición del artículo 33, aclarando qué modalidades de contratación no están restringidas.
no se les aplica la restricción de la Ley de Garantías a los convenios o contratos interadministrativos que deben celebrarse en virtud de un fallo judicial. Esto en la medida que la obligatoriedad y la fuerza vinculante de las sentencias ejecutoriadas proferidas por los funcionarios investidos del poder judicial emanan de la autonomía conferida a estos por la Constitución y del derecho que tienen los ciudadanos al acceso y oportuna administración de justicia.
Establece una excepción relevante a las restricciones, fundamentada en el principio de autonomía judicial y derecho a la tutela judicial efectiva.
MateriasContratación Directa · Contratos Y Convenios Interadministrativos · Convenios Interadministrativos · Ley 2159 De 2021 · Ley De Garantías Electorales · Presupuesto general de la nación · Contratación estatal · Modificación De La Ley 2159 De 2021 · Finalidad · Tipos de restricciones
Documento oficialhttps://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/1651777901969-1642530760026-C-674.docx
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Acceso al documento

Identificación del documento
AutoridadColombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
FuenteConceptos juridicos - Colombia Compra Eficiente (Relatoria)
Tipo documentalConcepto
ReferenciaC-674 de 2021
Fecha del documento6 de diciembre de 2021
Fecha de captura25 de julio de 2026
Última verificación30 de julio de 2026
Trazabilidad y verificación

Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 25 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: ad18dcffffce….

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