Viabilidad jurídica del contrato de comodato de bienes muebles entre contralorías departamental y municipal

El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el Estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Los artículos 13 y 40 de la misma ley integran al derecho contractual estatal las disposiciones comerciales y civiles pertinentes de manera supletiva, salvo en las materias expresamente reguladas por el Estatuto. Las entidades estatales regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública están habilitadas para celebrar los contratos que suelen celebrar los particulares entre sí, en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, incluyendo contratos como el arrendamiento, el comodato o la administración, sin que ello desvirtúe su calidad de contratos estatales.

El contrato de comodato se encuentra tipificado en el Título XXIX del Código Civil. Su artículo 2200 lo define como aquel en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. En virtud de esta definición, se desprende su carácter de contrato nominado, principal, real, unilateral y gratuito. También se le ha denominado como préstamo de uso, con características propias y completamente diferente al préstamo de consumo.

Por tratarse de un negocio jurídico entre dos entidades estatales, el contrato de comodato de bienes muebles tiene la naturaleza de contrato interadministrativo y debe celebrarse mediante la modalidad de contratación directa, conforme al literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. Esta modalidad no exime a la entidad del cumplimiento de los principios de transparencia, planeación y selección objetiva, por lo que la contraloría departamental deberá elaborar los estudios previos que justifiquen la necesidad y conveniencia del negocio jurídico, y verificar que la entidad comodataria está en condiciones de recibir y usar apropiadamente los bienes conforme al objeto misional que la habilita.

En el evento de un contrato de comodato sobre bienes muebles entre entidades públicas, sin perjuicio de las reglas especiales previstas en el EGCAP, el tipo contractual se rige por los artículos 2200 al 2220, dada la remisión expresa del artículo 13 de la Ley 80 de 1993 en cuanto al régimen aplicable a los contratos estatales.